Diario Información, Elche, 14 Marzo 2013
Todos los partidos firman una declaración pidiendo al Gobierno que no privatice el suministro de agua potable

F. J. B.
Unanimidad para defender la gestión pública de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Todos los grupos políticos con representación en la Cortes Valencianas -PP, PSPV, EU y Compromís- defendieron ayer una declaración institucional por la que exige al Gobierno que mantenga la gestión pública del suministro de agua potable de la Mancomunidad. Algo que afecta a 34 municipios de la provincia, entre ellos Alicante y Elche y toda la Vega Baja, además de Crevillent, Aspe, Santa Pola, Mutxamel y los Hondones, toda Murcia, y dos localidades de Albacete.

El pronunciamiento del Parlamento valenciano se produce en medio de la polémica abierta por el Ministerio de Agricultura debido a sus estudios para privatizar la gestión de esta Mancomunidad que, incluso, podría estar negociando con alguna de las empresas punteras en la distribución de agua potable en España.



La declaración institucional leída durante el pleno de ayer sostiene que "ante la preocupación que está generando en las comarcas del sur de la Comunidad la posible alteración del actual estatus jurídico de la Mancomunidad, las Cortes no encuentran razones que justifiquen en este momento una modificación del funcionamiento" de este organismo.
El texto recordó que entre 2,5 y 3 millones de habitantes de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete se abastecen de agua potable "gracias a la excelente gestión que de este bien escaso lleva a cabo la Mancomunidad de los Canales de Taibilla a lo largo de los 11.000 kilómetros en los que actúa". En concreto, la Mancomunidad de Canales del Taibilla, constituida por real decreto ley en 1927, posibilita el suministro de agua potable a 79 municipios, de los que 34 pertenecen a Alicante; 43 a la de Murcia, y dos a la de Albacete.

Las Cortes consideran que el trabajo realizado por esta entidad en las últimas décadas y las garantías que ofrece en la provisión de agua potable, no se mantendrían si la gestión del organismo "fuese absorbida o cambiara el modelo de gestión actual, que ha funcionado de manera muy eficaz".

La declaración se remitirá al Gobierno, Congreso, Senado, así como a los parlamentos de Murcia y Castilla-La Macha y a los municipios que reciben el agua.